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Item Análisis del delito de feminicidio: inconsistencias en su interpretación(Universidad de Piura, 2024) Araujo Cardozo, Angela Ximena; Calle Atoche, Fiorella; Vílchez Chinchayán, Ronald HenryLa tesis tiene como objetivo principal analizar el delito de feminicidio regulado en el ordenamiento jurídico peruano, profundizando en las herramientas legales que el Estado ha empleado para abordar el delito definido en el artículo 108-B de la legislación vigente. Se busca comprender la complejidad y las implicaciones de este tipo de crimen en el contexto legal y social del país. Para lograr este objetivo, se consideró necesario examinar un conjunto de fallos jurisprudenciales ocurridos en un lapso de seis años. Esto permitirá evidenciar las dificultades y los desafíos que se presentan al momento de determinar si un hecho en particular debe ser clasificado como feminicidio según los lineamientos establecidos en la ley, buscando identificar patrones y tendencias en la interpretación y aplicación de la normativa relacionada con este delito. Además de analizar la problemática actual, esta investigación también propone una alternativa de solución. Se plantea la adopción de criterios claros y coherentes por parte de los operadores jurídicos, lo que contribuiría a un desarrollo más consistente y uniforme en la calificación del tipo penal en cuestión. Asimismo, se ofrecen recomendaciones concretas dirigidas a los órganos de justicia para que puedan realizar una adecuada clasificación de los hechos ilícitos relacionados con el feminicidio.Item Propuesta de solución práctica ante el conflicto normativo de los delitos de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar y el de desobediencia a la autoridad(Universidad de Piura, 2024-07) Aguinaga Guevara, Mibssan Karolina; García Merino, Félix Ego Ernesto; Vílchez Chinchayán, Ronald HenryEn el intento por parte del Estado Peruano de soslayar la violencia contra las mujeres, promulgó leyes internas, con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicarla. Sin embargo, pese a los continuos esfuerzos legales realizados, esta situación se vio agravada en el año 2020, por el inicio de la pandemia por Covid – 19, siendo que las cifras de violencia durante el año de la emergencia nacional, del 16 de marzo al 31 de octubre del 2020, dio como resultado 75 feminicidios, 21 395 casos de violencia física, de los cuales el 85.4% corresponden a mujeresy, 8 642 casos de violencia psicológica, de los cuales el 80.4% corresponden a mujeres1 Es en este contexto que se es necesario precisar que, el legislador peruano, en sus intentos de mitigar dicha situación de violencia contra la mujer, insertó el numeral 6 al artículo 122-B del Código Penal, donde está tipificado el delito de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incorporando la agravante que sanciona a quien contravenga una medida de protección emitida por la autoridad competente. Normativa que colisiona con el artículo 368 del mismo cuerpo legal, el cual, sanciona a quien desobedezca o se resista a cumplir una medida de protección dictada en un proceso anterior por hechos que configuran violencia familiar. Esta situación, de presunto concurso ideal o aparente, ha conllevado a que los órganos de justicia emitan decisiones dispares, originándose una disyuntiva jurídica relevante que será objeto del desarrollo de la presente tesis.Item Las fronteras grises del delito de concusión: diferencias con delitos comunes y especiales(Universidad de Piura, 2024-06) Hidalgo Santin, Marilyn Jesus; Vílchez Chinchayán, Ronald HenryEl delito de concusión es un delito especial y de infracción de deber. Tutela un bien jurídico de naturaleza pluriofensiva, protege la propiedad y libertad de los individuos y salvaguarda el correcto funcionamiento de la administración púbica. El tipo penal exige un sujeto activo cualificado, solo puede ser cometido por el trabajador público, que abusa de su cargo, haciendo un mal uso de su investidura pública, con la finalidad de crear en el extraneus un estado de constricción o de inducción que lo lleve a que realice un acto de disposición de un bien patrimonial o la promesa de hacerlo. El verbo rector del ilícito de concusión “obligar” implica compeler, constreñir, amenazar o ejercer violencia moral, sobre el ciudadano. Es decir el trabajador público ejerce una presión psicológica absoluta e impone al ciudadano su voluntad, dejándolo sin opciones. Mientras, la inducción es un influjo psicológico, en un sentido más amplio, que incluye la sola exigencia del agente público y también comportamientos (actos u omisiones) no violentos pero que vicien la voluntad del ciudadano perjudicado, tales como la mentira, la persuasión, insinuación, el engaño, y el silencio. Ambos verbos llevan al extraneus a entregar o prometer algún beneficio patrimonial al agente público. El delito de concusión comparte elementos típicos con otros delitos. Para diferenciarlo de los delitos comunes, coacción y extorsión, se debe analizar el rol que desempeñó el sujeto activo al momento de la comisión de los hechos y el medio comisivo que empleo. Si el autor actuó quebrantando el rol general se configura el delito común, por otro lado, se imputará el delito de concusión si el agente público utilizó la investidura pública y la posición superior para obtener ilícitamente una ventaja económica. Respecto al medio comisivo, si el agente activo empleó el temor a la administración pública (metus publicae), se perpetrará el delito de concusión. Mientras, si utilizó la fuerza privada (lo que incluye la fuerza física) y atentó contra algún bien jurídico de naturaleza personal tal como la vida, el cuerpo o la salud se configuraría el delito común. Asimismo, el medio comisivo del delito de concusión, abuso de cargo, esta referido a que el sujeto público hace un mal uso de la investidura pública del que esta revestido, abarcando muchas más situaciones de hecho, ya que puede ser una función propia o un deber genérico. Esto, lo diferencia del delito de cohecho pasivo condicionado ya que la acción delictiva del sujeto activo está vinculada directamente a las funciones inherentes al cargo que ostenta y supedita la misma al ofrecimiento, promesa o entrega de alguna ventaja de cualquier índole. El delito de cohecho pasivo propio es un delito más específico.Item Los eximentes y atenuantes de responsabilidad en el procedimiento inspectivo y sancionador laboral(Universidad de Piura, 2024-05) Zapata Zapata, Sergio Alberto; Crisanto Castañeda, Ana CeciliaEl presente estudio tiene como propósito aportar a un mejor entendimiento del Procedimiento Administrativo Sancionador (en adelante, PAS), el cual, se desarrolla luego de un proceso inspectivo en materia laboral, ello con ocasión de las últimas modificaciones realizadas en la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley General de Inspección de Trabajo y su reglamento, en torno a los eximentes de responsabilidad y el principio de culpabilidad. A razón de lo expuesto, la metodología empleada en función al propósito fue básica, por su nivel de profundidad fue descriptiva, ya que, se realizó la revisión y análisis correspondiente de la normativa nacional, jurisprudencia nacional y las diferentes posturas de la doctrina nacional y extranjera con la cual se obtuvo una visión más amplia del tema de investigación para explicar las nuevas modificaciones en materia laboral. En el primer capítulo se desarrollaron los aspectos de la administración pública y su potestad sancionadora en relación con sus principios; en el Capítulo segundo se describió el proceso inspectivo y sancionador laboral; en el Capítulo tercero se desarrolló la infracción administrativa laboral como elemento subjetivo y, se describieron los eximentes y atenuantes de responsabilidad a la luz de jurisprudencia administrativo-laboral. Finalmente, se describen a los eximentes como causales de liberación de responsabilidad administrativa. Esto último, solo será posible ante supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa, la orden obligatoria de autoridad competente, el error inducido por la administración o por disposición administrativa confusa o ilegal; y, la subsanación voluntaria con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos. Por otro lado, en el caso de las atenuantes de responsabilidad se disminuye el grado de culpabilidad de la infracción administrativa, a fin de reducir la sanción pretendida a imponer; esto dependerá del inicio del PAS, momento donde se describen los hechos y se determinan las causales de norma especial.Item Análisis de la constitucionalidad de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y su eficacia para garantizar el derecho a la paz y a la tranquilidad de los ciudadanos: el caso de la limitación del uso compartido de las motos lineales en Perú(Universidad de Piura, 2024-05) Escobar Agurto, Karolay Erlinda; Castillo Córdova, LuisLa investigación se centra en la constitucionalidad y la eficacia de una política pública específica que propone limitar el uso compartido de motos lineales con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. A través de un análisis exhaustivo apoyado en la teoría armonizadora, se evalúa el impacto de esta medida en los derechos fundamentales, cruciales para el bienestar y el desarrollo socioeconómico. El marco legal y constitucional que respalda estos derechos se explora detalladamente, subrayando la importancia de guiar la formulación e implementación de políticas públicas que respeten los estándares de derechos humanos. Se consideran tanto la jurisprudencia relevante como las normativas internacionales para asegurar la congruencia de la propuesta legislativa con los derechos fundamentales. Este enfoque integral ofrece perspectivas clave que guían la formulación de políticas públicas, destacando la necesidad de proteger derechos esenciales frente a los crecientes desafíos de seguridad. Se realiza un análisis crítico de las políticas públicas actuales en materia de seguridad, identificando las brechas y desafíos en su diseño y ejecución. Este enfoque permite entender mejor cómo se pueden diseñar políticas que no solo sean efectivas en reducir la criminalidad y mejorar la seguridad pública, sino que también sean compatibles con los principios constitucionales y respetuosas de los derechos fundamentales. El trabajo concluye con recomendaciones para los formuladores de políticas y legisladores, subrayando la importancia de un enfoque equilibrado que no solo asegure efectividad en términos de seguridad, sino que también se adhiera a los principios de derecho y justicia. Se sugieren estrategias para mejorar la legislación y las prácticas de seguridad en Perú, respetando y fortaleciendo el tejido constitucional y los derechos humanos. Este análisis proporciona una visión integral de la evaluación de políticas de seguridad a través de un prisma constitucional, ofreciendo un marco robusto para entender las interacciones entre ley, política y derechos en la gestión de la seguridad ciudadana y apoyando futuras reformas legislativas y políticas en Perú.Item Trabajo remoto en el sector privado durante la emergencia nacional sanitaria(Universidad de Piura, 2024-05) Chumbes Aguirre, Guillermo Martín; López Castillo, Mayra LisetTesis de licenciatura en Derecho que se inscribe en el ámbito de investigación del derecho laboral. El autor presenta los resultados de un estudio sobre la necesidad de que la nueva legislación sobre teletrabajo en el sector privado sea permanente y mejorada. Esta modalidad de trabajo fue adquirida como actualización del trabajo remoto que rigió durante la pandemia del COVID-19 y ha demostrado ser ventajosa para el campo laboral. El contenido de la tesis está dividido en tres capítulos: En el capítulo 1, se plantea el estado de emergencia en el Perú tras el inicio de la pandemia por COVID-19. El capítulo 2, se dedica a analizar el trabajo a distancia y sus diferentes formas: el trabajo a domicilio, teletrabajo y el trabajo remoto. En el capítulo 3, se hace referencia al trabajo remoto y al recientemente aprobado reglamento de la nueva Ley de Teletrabajo, analizando las virtudes y falencias que ambas modalidades presentan en sus versiones actuales. El trabajo remoto fue una medida temporal instaurada para ser frente a las repercusiones que causó la pandemia en el ámbito laboral. En ese momento, la legislación de nuestro país contaba con una Ley de Teletrabajo obsoleta e imposible de aplicar dada la situación que se atravesaba, por lo que se recurrió a múltiples decretos de emergencia para normar el trabajo remoto. Actualmente, con la finalidad de mejorar y fortalecer varios aspectos no regulados bajo la modalidad de trabajo remoto que fue instaurada, la cual permitía que algunos derechos laborales quedasen al arbitrio del empleador; se aprobó la nueva ley del teletrabajo y su reglamento. A pesar de estas mejoras cualitativas, en el presente trabajo de investigación se señalarán los puntos débiles y sugerencias propuestas por el autor para mejoría de dicha norma en beneficio de los trabajadores.Item La naturaleza jurídica de las penalidades en la contratación administrativa peruana(Universidad de Piura, 2024-04) Truyenque Palacios, Jennifer; Vignolo Cueva, OrlandoLa tesis es un estudio sobre las penalidades recogidas en los contratos administrativos, con el objetivo de señalar su naturaleza y establecer su correcto tratamiento jurídico. Situación que no es trivial, ya que hasta la fecha existe un debate en Derecho nacional y comparado sobre las mismas, apuntando la doctrina –de forma contraria- que pueden pertenecer a la (i) potestad sancionadora del Estado o (ii) ser un mero castigo económico impuesto al contratista a consecuencia de la activación de la cláusula establecida para tales efectos. La investigación consta de tres capítulos: El primer capítulo desarrolla el marco conceptual de la contratación pública. El segundo capítulo expone sobre la naturaleza jurídica de las penalidades previstas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Finalmente, el tercer capítulo se hace algunas reflexiones sobre la aplicación de las penalidades contractuales en el caso peruano. Para el desarrollo de la investigación se consultó bibliografía nacional y extranjera, normativa nacional, sentencias del Tribunal Constitucional, opiniones OSCE y resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. Entre las conclusiones se señala que las penalidades de la contratación administrativa ostentan una función específica que dependerá del análisis en cada caso concreto; máxime cuando la realidad nos muestra la diversidad de penalidades que la Administración contratante puede estipular e imponer. General y principalmente, las penalidades se conciben desde su finalidad coercitiva e indemnizatoria, pero -en ocasiones pueden ser de tipo punitiva, estudiada por los civilistas desde el plano de la relación contractual y no desde el Derecho administrativo sancionador.Item La hipoteca en el derecho peruano y la extinción de su inscripción por caducidad entre personas ajenas al Sistema Financiero Peruano en el marco de un proceso de ejecución de garantía hipotecaria en trámite: aportes para una interpretación sistemática de la regulación hipotecaria y registral(Universidad de Piura, 2024-04) Agüero Zavala, Cristhian Andre; Yon Burga, Antonella Estela; Ortiz Pasco, Jorge Antonio MartínLa presente tesis inicia desarrollando, como cuestiones preliminares, la regulación de la hipoteca en el derecho peruano, así como la delimitación de su concepto, caracteres, objeto, extensión, requisitos generales de constitución y los supuestos de extinción del derecho real de garantía más importante en el tráfico jurídico, prestando especial importancia a la extinción de la inscripción de la hipoteca por el transcurso del plazo de caducidad, supuesto que fue introducido mediante la Ley N° 26639 y regulado también en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Seguidamente, el capítulo segundo versa sobre la ejecución de la hipoteca, la cual presupone el incumplimiento de pago por parte del deudor hipotecario, dando lugar al derecho de acción del acreedor, el cual debe reunir los requisitos generales de fondo y forma para que el órgano jurisdiccional pueda emitir una decisión sobre el fondo de la controversia y así obtener tutela jurisdiccional efectiva, es decir, ver satisfecha su acreencia con el cumplimiento de la obligación o, en su defecto, a través del remate del bien otorgado en garantía. Por último, en el capítulo tercero partimos sobre la base del tiempo como hecho jurídico que influye tanto en la constitución como en la extinción de derechos, en tanto se encuentren contemplados dichos supuestos en la norma positiva; asimismo, desarrollamos la figura jurídica de la caducidad regulada en el Código Civil, para así poder dilucidar si lo que se encuentra regulado en el artículo 3° de la Ley N° 26639 y el artículo 120° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios guarda relación con las características y la naturaleza de dicha institución jurídica. Aunado a ello, analizamos detalladamente los problemas que surgen en la práctica jurídica respecto a la interpretación de las normas que regulan la caducidad del asiento de inscripción de las hipotecas entre personas ajenas al sistema financiero cuando existen procesos de ejecución de garantías en trámite, resultando ello; por un lado, en la obtención de una sentencia firme que ordena sacar a remate los bienes inmuebles otorgados en garantía, y; por otro lado, que en el Registro de Predios no proceda la renovación del asiento de inscripción de la hipoteca por haber “operado” la caducidad, haciendo ello inejecutable la sentencia; debido a que, si se cancela el asiento de inscripción de la hipoteca, se podría concluir que se extingue el derecho de garantía mismo. Así, ante ello, proponemos efectuar una interpretación sistemática y teleológica de las normas, en aras de resguardar el derecho real que garantiza el cumplimiento de la obligación principal.Item Un diagnóstico sobre la evolución de la cuestión de confianza en los primeros 30 años de la Constitución Política del Perú de 1993(Universidad de Piura, 2024-04) Obando Gutierrez, Nicolas Antonio de Castilla; Reyes Garcia, Marietta; Hakansson Nieto, Carlos GuillermoLa tesis tiene como objetivo estudiar la cuestión de confianza —institución jurídica insertada en la dinámica constitucional peruana por la Constitución de 1933— y que la Carta Magna de 1993 contiene tanto la cuestión de confianza obligatoria (artículo 130) como la facultativa (artículos 132 y 133). La investigación busca averiguar las razones por las que fue implementada y determinar si, a la luz de sus usos recientes, se mantiene el espíritu de dicha institución. Para el desarrollo del estudio se consideró necesario mirar retrospectivamente la aparición progresiva de cada una de las instituciones parlamentarias y la evolución del poder legislativo a nivel orgánico, según las tendencias de los padres constituyentes de cada uno de los textos constitucionales del Perú, para terminar, cuestionando la forma de gobierno peruana actual. Luego, se examina las cuestiones de confianza obligatoria y facultativa, se establecen sus diferencias de acuerdo con su modo de presentación, trámite y efectos de su aceptación o denegación; y se expone una posición sobre si resulta conveniente o no mantener la cuestión de confianza obligatoria. Al mismo tiempo, se reflexiona sobre la separación de poderes, uno de los principios generales que rigen el Estado de derecho, y su manifestación concreta en el principio de coordinación y cooperación entre poderes, que permite que estos se relacionen entre sí con el objetivo de alcanzar el fin último: el bien común a través del desarrollo de la persona y su dignidad. Finalmente, se revisa los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre los casos que fueron llevados a su conocimiento —a propósito de su regulación por el Congreso como de su ejercicio por parte del poder ejecutivo—, tanto a través de demandas de inconstitucionalidad como mediante demandas de conflicto de competencias. Cabe mencionar que estos pronunciamientos no se caracterizan por su uniformidad, sino por la disparidad de criterios, debiéndose ello al cambio de la conformación de sus miembros que ocurrió el 10 de mayo de 2022.Item Los privilegios del Estado en el proceso civil, ¿vulneran el principio de igualdad procesal?(Universidad de Piura, 2024-04) Seminario Sánchez, Luz Estefania; Suárez Purizaca, Katherine Adriana; Vilela Carbajal, KarlaLa participación del Estado en un proceso civil no solo se limita a la representación de este a través del juez, sino que también, el Estado puede actuar como demandante o demandado dentro del proceso civil. Esta participación debe cumplir con las normas y principios reconocidos en el ordenamiento jurídico, siendo uno de los más importantes el denominado principio de igualdad procesal. Según este principio, las partes procesales deben tener las mismas oportunidades para defender sus pretensiones. No obstante, el mismo Código Procesal Civil le ha reconocido al Estado una serie de privilegios que tendrían como finalidad la aparente protección y promoción del bien común. Sin perjuicio de ello, el objetivo de la tesis es analizar si efectivamente estos privilegios tienen como fin asegurar el bien común, o si por el contrario, se tratan de beneficios concedidos a favor del Estado que no tienen una justificación válida y vulneran por tanto el principio de igualdad procesal. Para llevar a cabo el análisis, se consideró conveniente utilizar el método de investigación deductivo; es decir, partir de una idea general a una específica. En virtud de ello, en el primer capítulo se estudia la figura del Estado, su finalidad y cómo este actúa dentro de un proceso civil. Luego, en el segundo capítulo, se analiza las implicancias del principio de igualdad dentro del proceso civil. Finalmente, en el tercer capítulo, se aborda cada uno de los “privilegios” otorgados por el legislador en el Código Procesal Civil, con la finalidad de determinar si son una ventaja no necesaria o una prerrogativa. El estudio se fundamenta en fuentes doctrinales, jurisprudenciales y normativas. En cuanto a las primeras, se acudió a las obras de Juan Monroy, Marianella Ledesma, Luis Castillo, entre otros. Respecto a las fuentes jurisprudenciales, se analizó sentencias tanto del Tribunal Constitucional, como de la Corte Suprema de Justicia. Por último, las principales fuentes normativas han sido la Constitución Política del Perú, el Código Procesal Civil y el Decreto Legislativo N° 1440°. Para finalizar, el autor considera necesario mencionar que la mayor dificultad en el desarrollo de la presente investigación, ha sido que, las normas en las cuales el legislador ha otorgado los mencionados “privilegios” al Estado, no mencionan los motivos que justifican la emisión de estos. Frente a ello, se intenta deducir los argumentos que justificarían el otorgamiento de dichos “privilegios”, para a partir de ello, concluir si vulneran o no el denominado principio de igualdad procesal.Item Análisis crítico de las medidas de prevención impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental: Propuesta para su adecuada aplicación en el sector hidrocarburos(Universidad de Piura, 2024-04) Zola Gonzales, Mayra Gabriela; Vignolo Cueva, OrlandoLa tesis tiene como objetivo establecer criterios técnicos sólidos para estas medidas utilizando los instrumentos de gestión ambiental como referencia, pues se sustentan, a propuesta del autor, en los fundamentos del derecho ambiental y específicamente, en la estructura del principio de prevención, refutando la discrecionalidad y desproporcionalidad de la administración. La investigación analiza el contexto del derecho administrativo sancionador ambiental en el Perú, con un enfoque particular en el sector hidrocarburos. Esta propuesta responde a la creciente intervención del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en la imposición de medidas preventivas que rebasan el marco de protección establecido por principios fundamentales como la tipicidad, razonabilidad y predictibilidad. En este contexto, surge la necesidad de realizar un análisis crítico de las medidas preventivas impuestas por el OEFA y proponer una base sólida para su adecuada aplicación en el sector de hidrocarburos. La investigación está dividida en tres capítulos: En el primer capítulo se busca profundizar sobre la consolidación del derecho ambiental a nivel internacional y en el Perú, con un enfoque sobre la forma en que fue acogido en el derecho administrativo sancionador, repasando los fundamentos del derecho ambiental y la acción de policía administrativa, en específico, la imposición de medidas administrativas de prevención. En el segundo capítulo se detallarán los principios que orientan la potestad sancionadora de la administración, resaltando su naturaleza en contraste con las medidas preventivas como medidas de policía administrativa, con el objetivo de realizar un estudio de casos que permita identificar qué principios vienen siendo vulnerados con la imposición de las medidas administrativas de prevención en el sector hidrocarburos. Y finalmente, en el tercer capítulo se identificará la estructura que exige el principio de prevención ambiental en contraste con las medidas administrativas de prevención y los instrumentos de gestión ambiental, con el objetivo de proponer éstos últimos como punto de referencia para la imposición de estas medidas.Item La tenencia compartida en el ordenamiento jurídico peruano(Universidad de Piura, 2024-04) Boyer Alata, Kateryne Isabel; Morán de Vicenzi, ClaudiaEsta investigación tiene por finalidad explicar la figura legal de la tenencia compartida en el sistema jurídico peruano, la misma que no ha tenido la acogida necesaria por la judicatura, a pesar de ser una opción legal que busca que los progenitores asuman en igualdad de condiciones los derechos y deberes respecto a sus hijos e hija. El estudio se desarrolla con una metodología cualitativa, por lo que, se utilizó el método dogmático partiendo de las construcciones doctrinarias que giran alrededor de los temas de Derecho de Familia y así generar un marco teórico que permita entender la figura jurídica de la tenencia compartida, complementándose con el análisis normativo, así como, la casuística. El trabajo consta de tres apartados, el primero desarrolla la filiación y la patria potestad, el segundo la tenencia compartida y el tercero expone la tenencia compartida en el Perú. Entre sus conclusiones se expresa que antes de la entrada en vigencia de la Ley 31590, la tenencia compartida en el ordenamiento peruano no tenía una regulación detallada que auxilie al juzgador para decretarla en el caso concreto y que le sea oportuno conocer. Actualmente, existe una mayor regulación; sin embargo, existen opiniones en contra y a favor.Item La garantía de diez años que deben brindar los proveedores inmobiliarios ante defectos estructurales, frente a la posibilidad de extinción voluntaria de las personas jurídicas(Universidad de Piura, 2024-04) Encalada Sandoval, Brecsi Jackeline; Samamé Bardales, Ximena Alejandra; Herrada Bazán, Víctor GonzaloEste trabajo hace un análisis de la problemática que se presenta durante la vigencia de la garantía legal que ofrece el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, CPDC) en su art. 80 literal a), cuando el proveedor inmobiliario es una persona jurídica que, en el ejercicio de sus derechos, decide extinguirse voluntariamente antes del vencimiento del periodo de los 10 años establecidos en la mencionada norma. Este escenario de extinción voluntaria genera una situación de inexigibilidad de responsabilidad del proveedor inmobiliario (persona jurídica) debido a que, una vez finalizado el proceso de extinción, ya es no un sujeto de derechos y obligaciones y, por ello mismo, es materialmente imposible iniciar un procedimiento civil o administrativo en su contra para hacer efectivo lo establecido en el art. 80 literal a) del CPDC. Por todo ello, en el presente trabajo de investigación se hará, en primer lugar, un repaso general de la normativa de protección al consumidor, identificando específicamente los conceptos de “consumidor” y “proveedor”, los derechos y garantías reconocidos en la ley al consumidor, así como las vías previstas para su puesta en efecto. En segundo lugar, se hará un repaso sobre los servicios específicos regulados por el CPDC, con particular referencia a los servicios inmobiliarios y la garantía legal reconocida en el art. 80, inc. “a” CPDC, así como a los remedios civiles y administrativos frente a posibles defectos estructurales en los contratos de compraventa u obra inmobiliaria. En tercer lugar, se expondrán las fases de disolución, liquidación y extinción propias del procedimiento de extinción de una persona jurídica y se dejará planteado el problema de determinar la alternativa más adecuada frente a la decisión voluntaria de extinción de una persona jurídica proveedora inmobiliaria con el fin de eludir la probable responsabilidad civil y administrativa por causa de un defecto estructural en el inmueble ofrecido al mercado. Finalmente, en el último capítulo, se analizarán críticamente posibles alternativas de solución al problema planteado sobre la base de la legislación vigente para concluir con una propuesta legislativa que busca modificar el art. 111 CPDC, con el fin de asegurar la plena vigencia de la garantía prevista en el art. 80, inc. “a” CPDC.Item Análisis del régimen jurídico de las horas extraordinarias en el Perú: ¿Es posible celebrar de manera previa un pacto de horas extras vinculante para el trabajador?(Universidad de Piura, 2024-03) Troya Rodríguez, Ana Gabriela; López Castillo, Mayra LisetLa investigación analiza el régimen jurídico del trabajo en sobretiempo, el cual se realiza fuera de la jornada de trabajo establecida, teniendo como principal característica su carácter voluntario tanto en su otorgamiento como en su prestación. Asimismo, está dotado del carácter imperativo excepcional el cual permite que se cumpla la jornada en sobretiempo en casos donde la prestación de servicios es completamente necesaria por tratarse de situaciones provocadas por un hecho fortuito o fuerza mayor. La tesis analiza la posibilidad que el empleador y trabajador puedan pactar de manera previa una jornada laboral en sobretiempo, de llegar a tener una respuesta positiva se profundiza en los límites que se deben tener en cuenta al momento de efectuarse el trabajo en sobretiempo. Para análisis se tomó como base lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Política del Perú y demás normas sobre la jornada extraordinaria, respecto de las cuales se han definido como aquellas jornadas que se efectúan fuera de la jornada ordinaria, es decir aquella que es fijada legal o convencionalmente. En atención a ello se analiza si es viable jurídicamente celebrar un convenio individual o colectivo para la realización futura de una determinada cantidad de horas extras que sea exigible para ambas partes. Para el desarrollo de la investigación se consultó bibliografía nacional, comparada y jurisprudencia nacional. El estudio consta de cuatro capítulos, en el primero se expone la jornada de trabajo. En el segundo apartado se desarrolla el trabajo en sobretiempo y en el tercer y cuarto capítulo se presenta el pacto de trabajo en sobretiempo y las consecuencias del incumplimiento al pacto de horas extras respectivamente. Finalmente se concluye que la normativa laboral peruana tiene un vacío legal respecto a la regulación del límite que debe existir entre jornadas; dicha situación genera una desprotección de los derechos laborales, en consecuencia, es necesario apoyarnos de la Jurisprudencia y de los Convenios Internacionales ratificados por nuestro país. Asimismo, se sugiere modificar la normativa relacionadas al límite máximo a la generación de jornada en sobretiempo de manera que se garantice un tiempo de descanso mínimo entre jornadas, a fin de brindar protección a la salud de los trabajadores, buscando su desarrollo personal.Item Disposición unilateral de bienes sociales y la situación jurídica del tercero subadquirente de buena fe(Universidad de Piura, 2024-04) Escudero López, Florita Inés; Vásquez Cunya, Maricielo; Gonzáles Pérez de Castro, MaricelaLa tesis tiene como objetivo principal definir si la consecuencia jurídica arribada por el VIII Pleno Casatorio Civil y los argumentos jurídicos que respaldan la decisión, logran resolver la problemática en torno al supuesto de hecho regulado en el artículo 315°. Para ello, a lo largo de los capítulos, se analiza instituciones jurídicas como el negocio jurídico y la sociedad de gananciales, además se estudia la situación jurídica del tercero subadquirente de un bien social. Esta investigación se desarrolla bajo el método deductivo, se analiza cada figura jurídica relacionada con el tema central del VIII Pleno Casatorio Civil para responder a la interrogante ¿es la decisión adoptada por el Pleno la más acertada? Para ello, se consultó bibliografía jurídica nacional, extranjera y jurisprudencia nacional. Cabe mencionar, que es necesario estudiar las instituciones jurídicas que confluyen con el tema materia de investigación y determinar sus características más importantes, con la finalidad de lograr establecer un marco conceptual que permita comprender el problema a tratar: la consecuencia jurídica del artículo 315° del Código Civil. Finalmente, una de las conclusiones expresa que la situación de los terceros adquirentes, ante el remedio-sanción de la nulidad, se encuentra tutelada por el artículo 2014° del Código Civil. Por el cual, se establece que las reglas generales para la aplicación del principio de buena fe pública registral son la actuación de buena fe, la adquisición a título oneroso y la inscripción en Registros Públicos. En concordancia con los hechos del VIII Pleno Casatorio Civil, se advierte que la terceros subadquirente no inscribió el bien inmueble en el registro correspondiente y no logró acreditar una actuación de buena fe durante la celebración del negocio jurídico, por lo tanto, no se encuentra amparada por el principio de buena fe pública registral. Asimismo, se considera que el tercero adquirente, que actúa de buena fe y a título oneroso pero que no inscribe su derecho en los Registros, podrá solicitar una indemnización ante la frustración de su proyecto de vida y/o por la demora que supone la devolución de la contraprestación por parte del vendedor.Item Análisis de la aplicación de los Principios de No Confiscatoriedad y Capacidad Contributiva por parte del Tribunal Constitucional en el Perú respecto al Impuesto a las Transacciones Financieras(Universidad de Piura, 2024-04) Zapata Novoa, Luis Carlos; Hakansson Nieto, Carlos GuillermoLa tesis se enmarca dentro del ámbito del Derecho Público, específicamente en el Derecho Constitucional y en el Derecho Tributario. De la mano de estas dos ramas jurídicas se busca entender el tratamiento que el Tribunal Constitucional le da a los principios tributarios de No Confiscatoriedad y Capacidad Contributiva, y como estos se desarrollan en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente en relación a la aplicación del impuesto a las transacciones financieras (ITF, en adelante). Por este motivo, la investigación se basa en el análisis de la presunta constitucionalidad del ITF, desde el punto de vista jurídico, tomando en cuenta los principios constitucionales de capacidad contributiva y no confiscatoriedad reconocidos en la Carta Magna del Perú. Para dicho efecto, se desarrollan ampliamente esos principios, en primer lugar, su desarrollo teórico doctrinal, para entender la razón de ser de estos pilares, su nacimiento y desarrollo en otros países. Asimismo, entendida su finalidad y sus características, se procede al análisis del ITF en el extranjero y en el Perú, para entender el contexto social y jurídico que dio paso a su nacimiento, la razón de su vigencia, pues nació como un tributo temporal, y si existe alguna vulneración a los principios constitucionales reconocidos en la Carta Magna. En tercer lugar, se revisa como se han venido aplicando dichos principios por parte del Tribunal Constitucional en sus sentencias emitidas en estos más de 20 años, analizando como última sentencia la relacionada a la inconstitucionalidad del ITF, para verificar que se haya realizado una interpretación acorde a lo que venía resolviendo y a los desarrollado por la teoría y doctrina. Finalmente, con los tres puntos previos buscaremos responder a la pregunta inicial y de esta manera, llegar a dar un final a la problemática sobre la aplicación del ITF, su validez en la aplicación y si efectivamente existe conforme a la Constitución.Item Análisis jurídico de la Ley N.º 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar(Universidad de Piura, 2024-04) Rosillo Varona, Keila; Gonzáles Pérez de Castro, MaricelaLa tesis tiene por objeto hacer un análisis jurídico de la Ley N°30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se pretende analizar los cambios que trajo, si es que esta ley viene cumpliendo los objetivos para los que fue emitida, y finalmente dar propuestas que permitan obtener mejores resultados. Tras 8 años de su entrada en vigencia, y tomando en cuenta las estadísticas emitidas por los organismos correspondientes, resulta importante realizar un análisis de las acciones que el Estado ha tomado para enfrentar la realidad de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en nuestro país. La estructura del trabajo consta de 2 capítulos. El primero de ellos corresponde al análisis jurídico de la violencia familiar en general, los instrumentos nacionales e internaciones de protección frente a la violencia familiar, el concepto y clases de violencia, y los derechos afectados por ella. En el segundo capítulo se desarrolla el análisis jurídico de la Ley N°30364, sus aportes y finalidad, las modificaciones que ha tenido el código penal raíz de su entrada en vigencia y las falencias que he podido encontrar en la presente ley. Se concluye: la violencia de género son todas aquellas agresiones que sufre la mujer, por parte del hombre, por su condición de tal. Con la Ley N°30364 se incorporó por primera vez la violencia contra la mujer por razones de género. Esto ha permitido proteger a la mujer frente a los actos de violencia que pudiera sufrir, en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelva, ya sea público como privado. Además, de los boletines estadísticos del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se observa que entre los años 2022 y 2023, ha habido un aumento en los casos de violencia. Este resultado nos refleja que, en nuestro país se debe seguir trabajando para generar conciencia con respecto a la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, esto ayudará en gran medida a disminuir los casos de violencia, y, en consecuencia, disminuirá notablemente la carga judicial.Item El principio de fragmentariedad en el tipo penal de agresiones contra los integrantes del grupo familiar en el contexto de violencia familiar(Universidad de Piura, 2024-03) Nevado Cueva, Isolina del Rocio; García Cavero, Percy RaphaelEl propósito de esta tesis es ofrecer una interpretación del elemento contexto de violencia familiar que comprende el delito de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar, previsto en el artículo 122-B del código penal, para hacerlo compatible con las exigencias del principio de fragmentariedad y conseguir, con ello, un tratamiento eficiente y oportuno a los casos que realmente ameriten una respuesta punitiva. A lo largo de la tesis se busa demostrar, para que se configure el delito de “agresiones contra los integrantes del grupo familiar” en un contexto de violencia familiar, este delito debe tener lugar dentro de una relación de poder, confianza y responsabilidad, tal y como está regulado actualmente en la Ley N° 30064, pudiéndose agregarse un parámetro adicional a considerarse como es la habitualidad, elemento que sí es considerado en el derecho comparado como elemento determinante para la configuración de delitos de esta naturaleza. A efectos de hacer más estricta la valla para la admisión de este delito y, de esta manera, evitar que todos los actos de violencia familiar sean tratados como hechos de relevancia penal, lo que corresponde es, al amparo del principio de fragmentariedad, dejar un ámbito de casos solamente en manos del Derecho de Familia y, de ser el caso, autorizar la imposición de medidas de protección, sin tener que recurrir al delito previsto en el artículo 122-B del Código Penal. Cabe precisar que la tesis busca hacer un análisis del ordenamiento actual del delito, ofreciendo una interpretación de lege data, teniendo en cuenta los aportes de la doctrina penal y los pronunciamientos judiciales nacionales, así como de otros países en cuanto sean relevantes.Item La debida diligencia en la protección de la mujer de los casos de violencia sexual en conflictos armados(Universidad de Piura, 2024-03) Alberca Rivera, Margory; Mosquera Monelos, SusanaLa tesis aborda el estudio de la violencia sexual como arma de guerra en conflictos armados perpetrado contra las mujeres, y la aplicación del principio de la debida diligencia como mecanismo para contrarrestar la misma. El objetivo de este estudio es que contribuya en la innovación y refuerzo en la búsqueda de prácticas responsables guiadas por el deber de debida diligencia que contribuya en la prevención, protección, represión y reparación de las mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de conflictos armados, así como en la disminución de los índices de impunidad existentes, garantizando el acceso a la justicia y a su libertad sexual en contextos de conflictos armados. En la investigación se pone en evidencia los antecedentes históricos normativos de este tipo de delitos, y cómo es que hasta la actualidad existen altos índices de impunidad y más aún, la figura se sigue repitiendo en conflictos armados recientes, como el ocurrido en la guerra entre Rusia y Ucrania, con lo cual es posible determinar que algo sigue faltando en el trabajo de cese de estas prácticas graves de violencia. También, se pretende identificar cual es en este momento el marco jurídico regulador con el que se cuenta para la labor de protección integral de las mujeres víctimas de este tipo de violencia. Ya en este punto, teniendo claro el marco normativo existente, se presenta al deber de debida diligencia como un mecanismo que deben adoptar los operadores jurídicos al momento de hacer cumplir las normas dadas, sustentado en estándares de responsabilidad, oportunidad y eficiencia frente a la víctima. Para ello, se han analizado los diferentes pronunciamientos emitidos por tribunales internacionales respecto al enjuiciamiento de crímenes de naturaleza sexual, para finalmente concluir sobre los posibles obstáculos estructurales que han impedido hasta el momento, el acceso a la justicia de las mujeres víctimas, y finalmente poder superarlos a partir de los estándares internaciones que existen respecto al cumplimiento de este deber de debida diligencia.Item El llamado a revisión o recall en el Perú en el marco de la protección del consumidor(Universidad de Piura, 2024-03) Szwabo, Miguel Angelo; Zegarra Mulanovich, ÁlvaroLa presente investigación tiene como objetivo exponer al lector una visión integral del “Llamado a revisión o recall”, tomando en consideración factores asociados a su implementación por parte del empresario como reflejo de su compromiso con la seguridad de los consumidores. Por otro, abordar también el tratamiento jurídico de la figura en la actualidad, las diversas posiciones planteadas por la doctrina, la legislación vigente y las cuestiones prácticas que surgen de su implementación por parte de los proveedores de productos y servicios como responsables de llevar a cabo dicho procedimiento en el mercado. De esta manera, a lo largo del presente trabajo, trataremos del recall como una práctica comúnmente aceptada en la industria en general, incluyendo su planificación, desarrollo, comunicación, logística, sistemas de información, así como causas y factores, etapas y costos asociados a su implementación. Asimismo, se expondrá a una visión general de la regulación del Llamado a revisión, en los países donde ha tenido mayor desarrollo. Es el caso de Estados Unidos, España, Alemania y Brasil. Finalmente llevaremos a cabo un análisis de la figura y su implementación en el ordenamiento jurídico peruano, reflexionando sobre los supuestos en los cuales debe llevarse a cabo un Llamado a revisión o recall en nuestro país, así como consideraciones sobre temas aun controvertidos en la materia.