Abstract

La tesis desarrolla un análisis para determinar la adecuada intervención del derecho penal en el delito de Peculado y el delito de cohecho, ya que su actuación sólo deberá ejecutarse cuando exista una grave afectación al bien jurídico protegido y ello traiga reales consecuencias a los administrados. En la actualidad, existe una jurisprudencia diferenciada entre el delito de peculado y cohecho, con la sola citación de principios, pero no se explica de manera detallada las razones de la configuración de uno u otro. A partir de la investigación y la fijación de criterios, los justiciables obtendrán resoluciones predictibles con base a razones confiables, veraces, que justifiquen la decisión emitida. Asimismo, se realizará una propuesta de lege ferenda respecto al tenor del tipo penal de peculado. Cabe mencionar, que la Corte Suprema ha realizado un trato diferenciado entre la configuración jurídico-penal del delito de peculado y el delito de cohecho en sus jurisprudencias, creando inseguridad jurídica para los justiciables. Dicho trato diferenciado se basa en la aplicación de principios para la no imposición de una sanción penal en la actuación de un funcionario o servidor público cuya apropiación o valor del bien utilizado es mínima (peculado), situación que no sucede en el delito de cohecho, toda vez que así la dádiva sea menor respecto al primer ilícito, el operador jurídico ha considerado condenarlo bajo una sanción de índole penal, dejando las sanciones administrativas u otras de igual idoneidad para cuando la conducta encaja en el tenor del delito de peculado y la lesividad es considerada insignificante. Los tres criterios escogidos para el análisis son: el criterio del bien jurídico protegido, de la ubicación sistemática y de los principios, determinándose que de manera independiente son insuficientes, por ello será necesario que, para brindar una explicación debidamente motivada del porqué de la configuración de un delito u otro, deberán ser analizados en su conjunto, a fin de poder entender que sí existe una diferencia entre ambos tipos penales. Así también, con estos tres criterios (analizados de manera conjunta), se podrá determinar cuándo el Derecho penal puede aplicar sus sanciones punitivas, indicándose que las mismas sólo se podrán imponer cuando la actuación del funcionario o servidor público, con la infracción del bien jurídico protegido, trasgreda el servicio prestacional de la función que tiene preestablecida al momento de la comisión del ilícito, siendo que se deberá verificar que dicha lesión dañe gravemente a la Institución desde el momento en el que decidió desvincularse de las funciones del cual se encuentra dotado o de las atribuciones que se encuentra ejerciendo.

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