Abstract

En el Perú, a lo largo de los años nuestros jefes de Estado han declarado numerosos estados de emergencia donde se han contemplado la limitación de derechos fundamentales. Así, pese a ser una institución prevista para circunstancias excepcionales lo cierto es que se ha aplicado de manera frecuente y su estudio es escaso. En esta tesis se analiza si los decretos supremos que declaran y prorrogan el estado de emergencia durante los meses de febrero, marzo y abril de 2020, en el contexto de uno de los proyectos mineros más grandes de nuestro país: el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, cumplen con los presupuestos contemplados en nuestro ordenamiento constitucional. Nuestra conjetura es que dichos decretos no se han dictado a la luz de las exigencias establecidas en la Constitución Política de 1993 y las normas convencionales sobre derechos humanos que forman parte de nuestro bloque constitucional en relación a la configuración de la causal habilitante, los derechos fundamentales que se limitan, la participación de las Fuerzas Armadas y el plazo por el cual se decretan. Como resultado de nuestro análisis hemos determinado que nuestra conjetura es cierta y que, además, los decretos carecen de motivación puesto que no manifiestan las razones que justifican la decisión de establecer o prolongar un estado emergencia de manera consecutiva.

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