Abstract

Se vive en una sociedad que cuenta con grandes oportunidades de progreso y creación de riqueza, pero también donde existen mayores riesgos a la seguridad, las personas entonces, no solo deben preocuparse por hacerse de bienes materiales en vida, sino que deberán velar por el porvenir de sus seres queridos y futuros sucesores, en su calidad de destinatarios finales del patrimonio que a título de herencia o legado dichas personas les decidan dejar, especialmente cuando se trata de personas vulnerables a ser víctimas de estafas o de mala administración del patrimonio, asegurando que no vean menguado su porvenir a causa de acciones directas de quienes queden a su cargo. Es ahí, donde entra a tallar el fideicomiso testamentario, como una herramienta más en la planificación hereditaria de las personas, haciendo de este, un instrumento adecuado, para proteger a quienes serían los beneficiarios finales del mismo, especialmente tratándose de herederos menores de edad, mayores de edad con capacidad de ejercicio restringida, personas con discapacidad o destinatarios que no tienen la capacidad técnica necesaria para poder administrar de forma idónea dicho patrimonio, dando tiempo, para que este pueda adquirir los conocimientos adecuados para poder hacerse cargo de este, llegado el momento. Mientras tanto, el patrimonio fideicometido, que se erigirá como un patrimonio separado, protegido de los riesgos externos que pudieran presentarse, quedará a cargo de un tercero denominado fiduciario, que en el caso del Perú es siempre una entidad financiera, quien se encargará de administrarlo y conservarlo, durante el tiempo que dure el fideicomiso. Pero para poder acceder a estos beneficios, primero habría que procurar el correcto desarrollo de la figura en la legislación peruana, que brinde las garantías necesarias para su uso. En este contexto, se han podido identificar tres problemas claves en torno a su regulación, que va desde una cuestión más general como es el escaso estudio que se ha hecho sobre la institución, pasando por los cuestionamientos que se le hacen por el supuesto choque con el principio de intangibilidad de la legítima en determinados supuestos puntuales, hasta temas más específicos como los costos de su constitución. A lo largo de la investigación, se han ido planteando alternativas de solución frente a estas cuestiones, tomando como referencia otros modelos latinoamericanos, con sistemas fiduciarios menos restrictivos que el nuestro. Encontrando en el ordenamiento uruguayo un buen punto de partida para la realización de nuestra propuesta.

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