Abstract

El presente estudio pretende analizar, desde una perspectiva constitucional, si el arbitraje otorga plena vigencia al derecho del debido proceso y, en caso de presentarse alguna vulneración a este derecho, cuál sería la manera de proteger al mismo. Si bien es cierto, el carácter autónomo del arbitraje tiene como finalidad evitar intervenciones judiciales de control innecesarias y reconocerle principios y reglas propios, también lo es que en nuestro ordenamiento jurídico todos los mecanismos de solución de conflictos se encuentran sujetos a la Constitución a fin de lograr la protección y tutela efectiva de los derechos fundamentales. Entre las conclusiones, se determina que el proceso de arbitraje se encuentra sujeto al control constitucional pues no hay ámbitos exentos del control constitucional. Por lo tanto, el derecho fundamental al debido proceso resulta exigible en el arbitraje, encontrándose en nuestra legislación y jurisprudencia mecanismos de control constitucional de la actividad arbitral a fin de evitar lesiones a los derechos integrantes del mismo, pues en los casos concretos dentro del arbitraje puede resultar vulnerado el derecho al debido proceso.

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