Abstract

El autor analiza la constitucionalidad del artículo 418 del Código Penal, que establece el delito de prevaricato cuando el juez o fiscal decide contrariamente al texto expreso y claro de una disposición; y opina que en un Estado Constitucional de Derecho no cabe un tipo penal de prevaricato como el citado, pues puede llegar a constituirse en un instrumento malévolo que dificulte la realización de la justicia y, por ello, ser tildado de inconstitucional.

Files in this item

Acerca del trabajo